
La aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ha supuesto una importante reestructuración de nuestro sistema judicial, introduciendo reformas que afectan, entre otras instituciones procesales clave, al ejercicio profesional de la Procura.
Una de las novedades más significativas es, precisamente, el reconocimiento de nuevas competencias a los Procuradores en el ámbito de la ejecución civil, reforzando su tradicional dimensión pública y consolidando su posición como colaboradores estratégicos de la Administración de Justicia.
Esta reforma adquiere especial relevancia si consideramos las dilaciones que históricamente han caracterizado a los procesos de ejecución en nuestra Justicia –según los datos del Consejo General del Poder Judicial examinados en el capítulo, la duración media estimada de las ejecuciones civiles pasó de 2,8 años en 2014 a 3,5 años en 2023, alcanzando los 5,5 años en las ejecuciones de títulos no judiciales, lo que nos sitúa en una duración media estimada muy superior a la media de los países de nuestro entorno–.
En este contexto, el legislador ha habilitado a los Procuradores para llevar a cabo determinadas actuaciones materiales de ejecución por delegación expresa del órgano judicial competente, bajo las condiciones legalmente establecidas. Una atribución que presenta importantes similitudes con su ya consolidada intervención en la práctica de los actos de comunicación procesal.
En este capítulo, analizo la configuración legal de esta nueva competencia y planteo distintas propuestas de mejora, entre ellas: la conveniencia de precisar el momento procesal oportuno para solicitar la intervención del Procurador en las actuaciones materiales del proceso de ejecución y, especialmente, la necesidad de concretar cuáles son las actuaciones que efectivamente pueden encomendarse a estos profesionales, algo sobre lo que la Ley guarda silencio.
En efecto, pese a la amplitud de la habilitación legal, el examen de los preceptos vigentes de la LEC evidencia que las actuaciones de cooperación con la Justicia encomendadas a los Procuradores continúan estrechamente vinculadas a la práctica de actos de comunicación, una función que ya formaba parte de las competencias profesionales de la Procura y que, en lo que respecta a la LO 1/2025, no comportan ninguna novedad.
En esta línea, en aras de contribuir a la concreción de las facultades conferidas a los Procuradores en el ámbito de la ejecución, defiendo, entre otras propuestas, la pertinencia de estudiar fórmulas que permitan a estos profesionales acceder al Punto Neutro Judicial para determinadas actuaciones de averiguación domiciliaria y patrimonial, con las garantías y límites que correspondan.
El estudio también aborda el papel de la Procura en los medios adecuados –o alternativos, según se prefiera– de solución de controversias (MASC), otra de las grandes novedades de la reforma. En particular, partiendo de su cualificación y habilitación para acompañar a las partes en la resolución extrajudicial de conflictos, planteo la conveniencia de ampliar la cobertura del derecho a la asistencia jurídica gratuita para incluir la intervención profesional de los Procuradores en este ámbito en términos equiparables a los contemplados para la Abogacía.
Finalmente, reflexiono sobre algunos de los desafíos que afronta la profesión, entre ellos: la necesidad de favorecer el relevo generacional, impulsar la formación y adaptación a las nuevas tecnologías –incluida la inteligencia artificial–, revelando la existencia de una auténtica brecha digital en la profesión; actualizar el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España –sin reformar desde el año 2009– y avanzar en el reconocimiento y la dignificación de la retribución de su actividad profesional, adecuándola al coste de la vida actual y al contenido de sus funciones desempeñadas en el proceso.
En definitiva, la Procura está llamada a desempeñar un papel relevante en la construcción de una Justicia más ágil, eficiente y cercana a la ciudadanía. Ahora bien, para que este reforzamiento competencial se traduzca en una mejora efectiva del funcionamiento de nuestra Administración de Justicia, resulta imprescindible dotarla de un marco jurídico preciso y de los instrumentos necesarios para hacerlo realidad.
Con este trabajo he querido contribuir al debate sobre el presente y el futuro de una profesión esencial para nuestro sistema procesal, poniendo de relieve tanto las oportunidades que ofrece la reciente reforma como los aspectos sobre los que todavía estimamos que resulta necesario seguir avanzando.
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